Audiencia de Barcelona
Fiscalía pide prisión para Rubén Guijarro, exalcalde de Badalona, por sanciones irregulares
Los hechos por los que está acusado se remontan a la época en que fue concejal de Territorio durante la alcaldía del socialista Àlex Pastor, por lo que entonces era el responsable político en materia de Urbanismo.
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La Fiscalía solicita 4 años de prisión para el exalcalde de Badalona, Rubén Guijarro, y dos funcionarios municipales. Se les acusa de sancionar a los propietarios de unos terrenos en lugar de hacerlo con quienes levantaron construcciones ilegales en suelo protegido.
Según el ministerio público, los hechos ocurrieron cuando Guijarro era concejal de Territorio durante el mandato del socialista Àlex Pastor. El caso también implica al exjefe del área de Urbanismo y al responsable jurídico del mismo departamento.
Terrenos protegidos en la sierra de Marina
Las edificaciones se levantaron en suelo no urbanizable, dentro de una zona boscosa con protección ambiental. Pese a saberlo, los acusados habrían evitado sancionar a los ocupantes y centrado la acción administrativa contra los legítimos propietarios.
El nuevo alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, cogiendo la vara de alcalde / EFE - QUIQUE GARCÍA
La Fiscalía asegura que los tres acusados conocían perfectamente las restricciones urbanísticas y, aun así, decidieron actuar contra los dueños. Se les imputa un delito contra la ordenación del territorio.
Además de la pena de cárcel, el ministerio público pide multas de 7.800 euros para cada uno y 16 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Guijarro defiende su gestión
Guijarro ha sido el primero en declarar este miércoles. Ha defendido que firmaba los expedientes tras verificar que estaban avalados por técnicos y juristas. “Son trámites normales en un ayuntamiento como el nuestro”, ha asegurado.
También ha declarado que nunca tuvo interés personal en el caso. “Es parte del devenir habitual de cualquier consistorio”, ha añadido.
Niegan irregularidades
Los otros dos procesados también han negado haber cometido irregularidades. Uno de ellos ha asegurado que las estructuras levantadas ni siquiera eran construcciones. Por tanto, no procedía sancionar a los autores.
El juicio ha quedado visto para sentencia, después de que los acusados renunciaran al último turno de palabra.
