Propietarios de Barcelona, contra la "vulnerabilidad" de los okupas: "Acumulamos deudas de 20.000€ mientras muchos se aprovechan"

“Se debe revisar con frecuencia la vulnerabilidad acreditada por los okupas”. Esa es la reivindicación principal de varios propietarios de Barcelona que han hablado con Metrópoli para expresar su frustración con la Administración.

@leyantiocupas (Perfil de X)

Paqui, de víctima de okupación en Barcelona a activista: “Vendí el piso, yo no vuelvo a alquilar”

Muchos de ellos, que han querido permanecer en el anonimato por miedo a represalias y por no alargar el proceso judicial, tienen su segunda residencia okupada por una persona acreditada como vulnerable, motivo por el cual todavía no han podido recuperar su vivienda pese a tener una sentencia de desahucio firme a su favor.

La clave del problema, han apuntado, se halla en que el Real Decreto 11/2020, de medidas urgentes para hacer frente al covid, que suspende los desahucios y lanzamientos, aunque exista una sentencia judicial en contra del inquilino, siempre y cuando este pruebe que es vulnerable.

Vulnerabilidad

Para ser considerado como tal, la persona debe presentar ante un juez un informe de servicios sociales que acredite las condiciones financieras y la estructura familiar del núcleo habitacional.

También se consideran otros aspectos como si algún integrante de la familia tiene una discapacidad o una situación de dependencia o se cuentan con hijos en edad infantil.

Acceso a la Ciutat de la Justicia

No se revisan los informes

Algunos de los propietarios han comentado a Metrópoli que "los técnicos de los ayuntamientos no revisan este informe", lo que da pie a los beneficiarios de la normativa a continuar sin abonar las mensualidades aún y habiendo encontrado trabajo.

Precisamente, eso le pasó a Paqui, una vecina de Barcelona, a la que le okuparon el piso y descubrió que sus inquilinos trabajaban al estar día y noche acampando frente a la vivienda. Así consiguió llevar las pruebas al juzgado y logró que el lanzamiento se efectuara.

Tampoco se tiene en cuenta, han apuntado los propietarios, aquellas personas vulnerables que tienen ingresos por vía de la economía sumergida.

Deudas de 20.000 euros

Las deudas de los propietarios que sufren de okupación desde el covid ya superan los 20.000 euros y van a continuar engrandeciéndose hasta que las prórrogas de la normativa no cesen. "Acumulamos deudas mientras muchos se aprovechan", lamentan.

“Solamente me queda esperar”, han explicado desesperados a este digital. Una vez recuperen sus viviendas, lo tienen claro: “no voy a volver a alquilar, y si lo hago es con todas las garantías”.

Las subvenciones llegan con retraso

El Real Decreto ley 11/2020 también contempla una línea de avales establecida por el Ministerio de Vivienda para propietarios en caso de impagos de alquileres por parte de okupas y de familias vulnerables. Esta subvención cubre tanto el pago de las rentas no cobradas como los daños causados por los inquilinos.

Sin embargo, varios de los propietarios con los que ha hablado este digital aseguran que hicieron la solicitud hace meses y todavía no han visto ni un euro. Uno de ellos, recibió los primeros seis meses de 2024 porque llevó el caso al Síndic de Greuges, pero todavía le tienen que abonar el segundo semestre del año pasado y los impagos de este.

Viviendas en Barcelona

Reclamaciones al Gobierno

Los dueños de pisos okupados en Barcelona se han organizado de la mano de la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij), una entidad presente en toda España y que ya tiene más de 1.000 integrantes.

La presidenta de Aprovij, Kathy Díaz, criticó al Gobierno por poner al pequeño propietario “como chivo expiatorio” sin darles una seguridad jurídica contundente.